MÉXICO, D.F.(apro).- La mayoría
de la población mexicana se opone a la inversión privada en la industria
energética, así como a gravar el IVA en alimentos y medicinas, pero está a
favor de que se cobren mayores impuestos a quienes tienen más altos ingresos,
según una consulta realizada por Alianza Cívica y Consulta Ciudadana.
Los resultados de la Consulta
Nacional Ciudadana sobre las Reformas Fiscal y Energética arrojan las
siguientes cifras: 80% de los mexicanos expresaron su desacuerdo en que se
modifique la Constitución para permitir la inversión privada en la explotación y
transformación de petróleo y gas en México.
En cambio, 91% estuvieron de
acuerdo en que los beneficios de la industria petrolera –cubiertas sus
necesidades de operación y desarrollo– se sigan utilizando en inversión
pública: construcción de escuelas, hospitales, desarrollo rural o investigación
científica, entre otros rubros de beneficio social.
Respecto de la aplicación del
IVA en alimentos y medicinas, 87% de los participantes expresaron su total
rechazo a esta medida porque perjudicaría sobre todo a las clases más
desprotegidas. En tanto, 85% de los ciudadanos dijeron estar de acuerdo, como
ya lo establece la Constitución, en que quienes tienen más ingresos paguen
mayor porcentaje de impuestos.
A través de un boletín de
prensa, Alianza Cívica y Consulta Ciudadana dieron a conocer el día de hoy
estos resultados de su consulta, realizada el 25 de agosto y el 1 de
septiembre, y para la cual se instalaron 7 mil 359 mesas receptoras.
Ambas organizaciones aclararon
que aún no se termina de computar al 100% la consulta nacional. Hasta el
momento –precisaron– sólo se ha contabilizado a 600 mil consultados, que sin
embargo ya representan una muestra significativa para conocer la opinión de la
población sobre la reforma energética y fiscal. En conferencia de prensa, en
la que se dieron a conocer los resultados de la consulta, los organizadores
admitieron que las mesas receptoras no se instalaron a tiempo en el Distrito
Federal y los estados de Puebla, Baja California, Tamaulipas, México y
Querétaro.
En el municipio de Santiago
Ixcuintla, Nayarit, no hubo mesas receptoras para que la ciudadanía emitiera su
opinión, y en la delegación Cuajimalpa, de esta capital, las autoridades
pretendieron impedir la instalación de una de ellas en un centro comercial, y
lo mismo sucedió en la Macro Plaza de Monterrey, Nuevo León. Además, el Maratón
Internacional de la Ciudad de México provocó que a lo largo de su
trayectoria fueran cerradas varias vialidades importantes del DF, lo que motivó
la reubicación de algunas mesas receptoras. Ello también ocurrió en varias
localidades de Puebla, Jalisco y Zacatecas.
En Huasca de Ocampo, Hidalgo, así
como en Aguascalientes, personas que se identificaron como trabajadores de la
Secretaría de Gobernación solicitaron a los responsables de las mesas que se
identificaran.
En Monterrey, la Fuerza Civil
trató de retirar las mesas ubicadas en el Obelisco, la Explanada de los Héroes
y la Central Camionera. Para evitar confrontaciones, los responsables
reubicaron una mesa en la Fuente de Neptuno.
En el puerto de Acapulco,
Guerrero, un grupo de personas agredió a los responsables de la mesa receptora
ubicada en la Base Naval de Icacos y robaron sus pertenencias, así como el
material de consulta.
En el poblado de Santa Anita
Huiloac, en Apizaco, Tlaxcala, la policía presentó a los encargados de la mesa
ante el Ministerio Público por “confundirlos” con ambulantes.
